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Artículo publicado en tres partes en El Heraldo de Chihuahua
Domingos 24 de Marzo del 2012
Se pueden presentar, como se hace convencionalmente, estadísticas detalladas y explicaciones técnicas sobre los niveles de pobreza existentes, el grado de cobertura de los programas sociales en el área, así como ofrecer expectativas sobre las posibilidades de reducir los niveles de marginalidad en plazos predeterminados si se da seguimiento a las fotogénicas políticas asistencialista. No obstante, desde la perspectiva crítica de las Ciencias Sociales las políticas públicas tecnócratas y electoreras no sólo no resuelven el problema, sino lo agravan. El intento por comprender las raíces del problema necesariamente nos remite al ejercicio del poder. Es precisamente esta perspectiva la que continuamente se trata de exorcizar cuando se nos invita a no politizar el problema. Sin embargo, si realmente se quieren abordar las causas estructurales de las privaciones que se viven en el mundo indígena se debe comenzar por reconocer que las raíces de la pobreza son políticas y que es necesario cambiar el enfoque asistencialista hacia uno de reconocimiento y realización a los derechos políticos, sociales y culturales. En esta y en las siguientes dos entregas se ofrecerán brevemente algunas razones.
En primer lugar es un principio fundamental del Estado moderno la homogeneización cultural dentro de sus fronteras. Si el territorio a dominar estaba constituido por una diversidad de pueblos, ello sería un impedimento para la construcción de la idea de Nación sobre la que el naciente aparato centralizador basaría su poder. Es por ello que la relación entre el Estado y los pueblos indios a lo largo del mundo nunca ha sido fácil y ha estado marcada por procesos de racismo, asimilacionismo e incluso de genocidio. En México la idea de integrar al indígena a la modernidad, negando su derecho a la diferencia cultural, ha estado presente tanto en la colonia, como en el periodo independiente y posrevolucionario, incluyendo por supuesto el presente.
En segundo lugar, las políticas de Estado, así como procesos de imperialismo cultural permean a la sociedad, la cual asimila como modelos culturales y estéticos ideales a los de la cultura dominante, en este caso la anglosajona. Es así como los pueblos indígenas y otros grupos sociales se convirtieron en sujetos de discriminación y de distintas formas de racismo y clasismo por parte de las instituciones y de la sociedad no-indígena. Tan sólo recordar el paternalismo mestizo que representa a los “tarahumaritos” como “pobrecitos”, “flojos”, “borrachos” o “promiscuos”, así como las diversas formas en que se asocia coloquialmente el ser indio con la falta de capacidades intelectuales. Una actitud recurrente de un gran sector de la sociedad mestiza, sobre todo de sus élites políticas y económicas, es su convicción de que el problema del tarahumara se resolverá sólo cuando dejen sus “costumbres” y se integren a la “modernidad”, pues, se dice, su pobreza es “cultural”.
A lo anterior se añade el generalizado prejuicio elitista sobre la pobreza, la desigualdad y la injusticia. Reconocer que la discriminación existe conduciría al cuestionamiento del sistema de poder y por ende a poner el tema de la desigualdad de poder en la agenda. Ningún actor privilegiado quiere eso. Cuando la evidencia de la pobreza es tan grande que no se puede negar, se tiende a culpar al pobre de su condición: Es flojo, ignorante o no tiene las suficientes ambiciones para ser exitoso, como las han tenido otros –que seguramente no nacieron en la misma situación de desventaja que un rarámuri, o’oba, ódami u warijío-.
Otra actitud es asumir la pobreza y desigualdad como algo “normal” e “inevitable” e incluso como una oportunidad para redimirse a través de la caridad ante una autoridad, la opinión pública o ante una comunidad religiosa.
El prejuicio y la discriminación se convierten entonces en opresión cuando aflora la cultura política capitalista y colonialista del mestizo. El Estado y sobre todo muchos medios, por ejemplo, presentan como modelos al indígena “emprendedor” que “superó” su cultura para triunfar en el ámbito de la pequeña empresa. No faltan quienes aseguran que el modelo estadounidense de los casinos podría ser la opción que tanta falta hace. El punto es que según el “hombre de razón”(como aún se nombra al mestizo o no-indígena en algunas partes de la sierra) para el indio no hay otra salida que no sea obteniendo un ingreso monetario, como si la raíz del problema y su solución fueran solamente económicas. Según esta idea, el indio debe pues aceptar acceder al empleo formal e informal, a los negocios ó al subsidio de los programas de “protección social”.
Lo anterior nos lleva al tercer punto. Con bombo y platillo se anuncia la atracción de grandes inversiones en minería y en turismo que, se alega, atraerán empleos, no importando su calidad. El discurso de la generación de empleo, por más exiguo que éste sea, esconde en los hechos el aumento en la desigualdad y el dramático impacto social, ambiental y cultural que, se sabe ampliamente, generan el turismo masivo y la minería de oro de tajo a cielo abierto y sus insumos y desechos contaminantes. Agazapadas en su propia opacidad, los representantes políticos esconden que la motivación que subyace las industrias forestal, minera y turística son las grandes oportunidades de negocios que la economía global ofrece a los políticos emprendedores nacionales y locales, así como sus siempre presentes intermediarios o caciques.
La carta mas reciente son las políticas de conservación que, sabiéndose dentro de un ambiente hostil a toda regulación al capital y al mercado, entran dentro de la lógica del sistema financiero convirtiendo en mercancía el carbono para que los grandes contaminadores obtengan indulgencias a cambio de subsidiar a los campesinos e indígenas que renuncien al aprovechamiento de sus recursos naturales. De hecho, la Sierra Tarahumara se encuentra ya entre las primeras regiones del país donde se implementarán los planes piloto para la futura política forestal llamada Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD++). Ello es un reflejo de cómo las instituciones estatales se encuentran ya imposibilitadas de pensar fuera del ámbito de los negocios y sólo pueden formular políticas dentro de la lógica de un emergente nuevo orden financiero, donde las soluciones a los desafíos del presente sólo se pueden resolver a través del todopoderoso mercado.
Pero ésta indiferencia ante la política de omisión y el olvido ni siquiera se hubiera perturbado un mínimo en Chihuahua de no ser por que el aparato mediático se puso a funcionar con la filtración de términos políticamente incorrectos a la TV: suicidios por hambruna. Lo que no pudieron hacer los reportes de las instituciones académicas y de desarrollo, lo hizo una arrebatada declaración de un intermediario serrano en uno de los puntos sensibles del sistema político y uno de sus sistemas fundamentales de control político. La noticia se multiplicó por las redes sociales y los reflectores se dirigieron a los funcionarios quienes aparecieron en actos políticos haciendo lo mismo de siempre: repartiendo raquíticas despensas y cobijas. No es aventurado pensar que apuestan de nuevo al olvido para que la atención se distraiga en otros asuntos y a otros dramas de los tantos que vive el país y en particular el Estado.
En cuarto lugar, al olvido se une la categorización de México en el espectro internacional en niveles poco envidiables en cuestión de percepción de la corrupción (Transparencia Internacional), violencia (Human Rights Watch), desigualdad (OCDE) y bajos índices en reducción de pobreza (CEPAL). No es casualidad que estos problemas vayan de la mano.
A pesar del carácter colonialista del Estado y de la sociedad mestiza sobre el indígena, éste no es el actor pasivo que retrata el imaginario dominante. Su conocimiento ambiental le permite acceder a estrategias de sobrevivencia en épocas de crisis que combina con la migración y la vinculación a actividades económicas legales e ilegales (como la narco-siembra). Una de las bases principales de su subsistencia, además de su sistema agrícola-ganadero, es el sistema de organización social basado en el apoyo mutuo o reciprocidad entre miembros de un pueblo que se sabe vulnerable a épocas de crisis y a otros riesgos. No hay asistencialismo por mas monumental que sea que substituya al kórima como institución social rarámuri para amortiguar la escasez o sus variantes en las distintos pueblos indios serranos.
Íntimamente entrelazado se encuentran los sistemas normativos propios de los pueblos indígenas que entre muchas otras funciones trabajan como formas de autogobierno y autogestión, que además han sabido armonizar en la práctica -respetando sus jurisdicciones-, con el sistema jurídico estatal. Lo anterior dentro del ejercicio de su propias formas de territorialidad que dan sentido a su sistema organizativo, el cual subsiste gracias a las aún persistentes formas de propiedad común de la tierra como el ejido y el régimen de bienes comunales, no obstante la estrecha visión del Estado en su conceptualización de la idea de tierras y su tendencia a la privatización de estas.
Pero al tener sus propios sistemas de solidaridad, autogobierno y autonomía no significa que el indígena renuncie a sus derechos de ciudadanía. La movilización indígena en diferentes niveles, junto a redes de solidaridad, han demandado el reconocimiento y ejercicio real de derechos que ya son reconocidos de jure y en lo general por la ley nacional y la legislación sobre otros que aún no se les quiere reconocer. Entre los primeros se encuentran distintas formas de derechos culturales, así como los derechos básicos de todo ciudadano a la salud, la alimentación, a la educación verdaderamente intercultural y a servicios básicos como el agua, por mencionar lo mínimo, y que no obstante se encuentra en precario estado a todo lo largo de la región. De ayuda invaluable para la seguridad alimentaria y la salud sería, por ejemplo, la construcción de pozos en las distintas rancherías de la Sierra, así como el fomento al control y manejo comunitario sobre sus recursos y ecosistemas.
Por otro lado, en el último par de años distintos pueblos de diferentes regiones de la Sierra se han reunido para discutir acerca la defensa de su territorio y las amenazas que se ciernen sobre ellos. Todos ellos son objeto de intentos de despojo de sus tierras por parte de empresas, caciques, ejidos mestizos y los propios gobiernos. Varios de ellos sufren hostigamiento en el contexto del Plan Barrancas del Cobre, de la ambición de propios y extraños por el recurso forestal y de la minería canadiense como los pueblos o’oba y rancheros mestizos de Temósachi y Madera. Recientemente hay fuertes inquietudes por el anuncio de la construcción de varias presas dentro de sus territorios, lo que los podría llevar, no sólo a la muerte de sus arroyos y aguajes sino, a situaciones de desplazamiento forzado. Sus exigencias se concretaron en un documento entregado al Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en México en el 2010, donde concretamente se demanda el respeto al Derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado consagrado en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que México firmó y por lo cual se convierte en ley de la nación sólo por debajo de la Constitución del país.
Como se ve, el panorama es mas complejo que la sola falta y dotación de alimentos y cobijas, que no obstante y por la gravedad de la situación es necesario se sigan suministrando sin lucro político de por medio y a las comunidades más afectadas. Pero donde es preciso poner el acento, es en el hecho de que la sociedad indígena vive un modelo civilizatorio distinto y eficaz al cual las propias leyes no-indígenas, nacionales e internacionales reconocen y le otorgan el derecho de existir de acuerdo a su propia auto-determinación.
No obstante, la pelea que aún están dando los pueblos indígenas y que es crítica para su bienestar y el de su modelo civilizatorio es la del reconocimiento jurídico como sujetos colectivos. Ello les fue negado ya por los tres poderes del Estado y su materialización significaría un cambio fundamental en la redistribución del poder y la relación Estado-pueblos indios que, a su vez, redundaría en una mayor toma de control sobre su propio destino y en la superación de esquemas clientelistas y asistencialistas. El reconocimiento jurídico de los pueblos indios, por ello, sería fundamental para el ejercicio de su auto-determinación, algo muy distinto a continuar con las relaciones colonialistas y de dominación actuales. Comprender y distinguir la diferencia entre ser un sujeto de derechos y un receptor de asistencia y caridad es determinante para superar, no sólo la pobreza, sino la sistemática injusticia social.
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